El ingreso de todo tipo de productos, sin los respectivos permisos, desde el país vecino es un problema que completa décadas. Al Gobierno no le ha resultado sencillo vigilar una frontera de 2.219 kilómetros que atraviesa más de cinco departamentos.
Mauricio Millán, gerente encargado (e) de la regional de la Dian en Norte de Santander, explica que el problema no es solo de competencia desleal (“el costo de los productos es mucho más bajo”), sino también de salubridad.
“La mayoría de estos alimentos no cumplen con los requisitos sanitarios, sin contar con que los transportan de manera inadecuada, y es por eso que no pueden entrar al país; no es un tema arancelario”, cuenta Millán.
Según reportes de esta oficina, en 2013 se incautaron más de un millón de toneladas de productos perecederos de la canasta básica entre los que destacan hortalizas, carne en canal, pollo refrigerado, huevos y arroz. “Estamos fortaleciendo la presencia de la autoridad y recuperando espacio”, asegura.
Cálculos de Fedegán, por ejemplo, se refieren a entre 3 y 5 toneladas diarias de leche en polvo empacada y unos 100.000 kilos de queso semanales. Fenavi, por su parte, asegura que 45% del pollo empacado que se consume en el departamento es de contrabando y Fedearroz denuncia el ingreso de 350.000 toneladas anuales.
El general Gustavo Alberto Moreno, director de la Polfa, destaca que, frente a los resultados del año pasado, en las primeras semanas del mes se ha superado hasta en 500% la aprehensión.
“La problemática en Cúcuta está íntimamente ligada a la cooperación binacional”, dice. Por eso la noche del viernes la Polfa logró un acuerdo con sus homólogos para implementar un control estricto sobre productos “que incluso el gobierno subsidia para autoabastecerse”.
La Polfa estableció vigilancia permanente en las trochas, centros de acopio, plazas y calles con el objetivo de seguir la actividad de toda la cadena. En estos avances el papel de los gremios también ha sido determinante, pues han suministrado a la Dian toda la información que les llega de dónde se comercializan los alimentos.
Rafael Hernández, gerente de la Federación Nacional de Arroceros, se mostró preocupado por la anunciada megadevaluación del bolívar y el diferencial cambiario. Por su parte, Andrés Valencia, presidente ejecutivo de Fenavi, resalta la coordinación entre el Invima y el ICA para detectar en las fronteras irregularidades de orden técnico y adelantar una completa inspección. “Nos preocupa que Venezuela tiene graves problemas de control sanitario porque el nivel de gestión de las autoridades es muy bajo y eso significa un riesgo de salud pública”, indica Valencia. También llamó a las autoridades a atacar de fondo el problema y no quedarse en decomisos diarios.
Las partes involucradas coinciden en que es necesario que se concientice a la comunidad para que no consuman estos productos, por su propia seguridad alimentaria, ni ejerzan la actividad.
¿En qué quedó el proceso de la Ley Anticontrabando?
Mientras se define la aprobación de la Ley anticontrabando, que por ahora se encuentra archivada en la Cámara de Representantes, las autoridades intentan blindar las fronteras con custodia e inteligencia. La discusión de la ley es fundamental por cuanto tiene condiciones para judicializar a los contrabandistas y dejar de ver el delito como uno menor. Entre tanto, se implementan patrullas de control fronterizo y se trabaja en un proyecto que busca registrar en un sistema todas las placas de los vehículos sancionados por contrabando para inmovilizarlos y hacerles una completa inspección cuando vuelvan a cruzar la frontera.
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