A empresas sin experiencia se les adjudicaron contratos ferroviarios y hasta de plantas de energía solar por $18.000 millones.
Hoy cumplen cinco semanas tras las rejas Ricardo Rodríguez, presidente de Llanopetrol; Luz Stella Casasfranco, ex secretaria jurídica de la Gobernación del Meta y Hernando Aguilera, exsecretario de Planeación de ese departamento.
Este último es secretario de la Unidad Nacional de Víctimas y hombre de confianza en ambos cargos del exgobernador Alan Jara.
Son procesados por el desvío de recursos públicos destinados a la primera fase de construcción de la Refinería del Llano, un proyecto del que solo queda como vestigio un lote comido por la maleza.
«Estos recursos fueron desviados. Se apropiaron terceros de ellos. No se construyó la refinería ni se le realizaron los estudios que fueron contratados y que fueron pagados en su momento con el erario público», afirma Luis Gustavo Moreno, jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía.
La contralora auxiliar del meta, sin embargo, no encontró recursos desviados por ningun lado ni “prueba del daño patrimonial del que nos habla la Ley 610, que tiene que ser real y probado”.
Si es así, ¿dónde están las obras?
«Aquí los recursos se utilizaron para la licencia ambiental, para la autorización del Ministerio, para la adquisición de predios y tenemos vigentes las licencias ambientales, luego los recursos no se han perdido», asegura Yolanda Cardona.
Siguiendo el rastro de la ejecución de los contratos, veedores como Conrado Salazar ha entregado insumos clave a los fiscales del caso.
«El estudio de impacto ambiental para la refinería se lo adjudican a una empresa llamada Fundesam. Esta empresa tiene sede en Florencia y su objeto social es de promoción, divulgación, implementación, vigilancia y defensa de la democracia», es decir, sin experiencia en estudia ambiental, resalta Salazar.
Otro contrato cuestionado es el de la construcción de las plantas fotovoltaicas, es decir, paneles que transforman la luz solar en energía y que serían fundamentales para la refinería.
La persona a la que le confían estos paneles es German Antonio Chinome Ruiz, “cuyo objeto social es de investigación y desarrollo experimental”.
Del ferrocarril que sería diseñado para llevar insumos a la refinería no hay rastro: «se contrata con la empresa Desabo, ahora Ingeniería Colombia S.A.S. Su objeto es demasiado amplio: arrendamientos, venta de propiedades raíces, construcción de edificios, pero no incluye ninguna actividad relacionada mínimamente con la ingeniería ferroviaria».
Aunque la refinería no existe, tiene oficinas en un edificio de la Lotería del Meta y, según documentos, su nómina le sigue costando 60 millones de pesos a la Gobernación.
Source: https://noticias.caracoltv.com
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