Refinería de Cartagena, una historia de incontables sobrecostos

Denuncias de la Contraloría General de la República.

Para la modernización de la Refinería de Cartagena fueron invertidos US$8.015 millones, casi el doble de lo que estaba presupuestado al comienzo del proyecto. / Óscar Güesguán

Para la modernización de la Refinería de Cartagena fueron invertidos US$8.015 millones, casi el doble de lo que estaba presupuestado al comienzo del proyecto. / Óscar Güesguán

El aumento de la capacidad de refinación como una vía a la soberanía energética ha sido una de las pocas “políticas de Estado” que ha logrado consolidar Colombia. En un país en el que, por lo general, sólo existen políticas de gobierno que cambian el rumbo de esta unificación de departamentos cada cuatro años, la Refinería de Cartagena logró mantenerse como un tema prioritario para cuatro administraciones.

By: vhngroup Tecnología Automatizando su hogar

No hubo un empresario, un político o un ciudadano que no estuviera de acuerdo con la necesidad de reducir la importación de combustibles. Claro está, la forma tuvo reparos.

Y precisamente fue eso lo que denunció esta semana la Contraloría. Sobrecostos que superaron los US$4 mil millones y una pérdida por utilidades no generadas en 27 meses de US$1.106 millones. Si bien esta cifra ya había sido anunciada por el contralor Edgardo Maya Villazón, en su rendición de cuentas del año pasado, el informe consolidado sí deja muchas dudas sobre la contratación en la obra.

Una de las preocupaciones de esa entidad es por qué Glencore, un productor sobre todo de minerales, terminó siendo el beneficiario de un contrato con un capex de US$3.993 millones que terminó en niveles de US$8.016 millones. Más aún si era claro que no tenía experiencia en este tipo de obras.

En 2009, tres años después de haberse ganado el contrato y comprometido a aumentar la capacidad de refinación de 80 mil a 160 mil barriles diarios, Glencore dio un paso a un costado. Por falta de recursos, dijo, no podría finalizar el proyecto. Ecopetrol tuvo que recomprar la participación del 51% que vendió años atrás a la firma, que pagó US$630,7 millones.

Pese a su incumplimiento, la compañía suiza pidió el reconocimiento total de su inversión “porque con su salida está facilitando a Ecopetrol y al Gobierno que el proyecto continúe en las condiciones en que lo requieren”.

Sin embargo, esa petición fue rechazada. Glencore recibió US$549 millones por la participación mayoritaria de la plataforma industrial y ésta volvió a manos de Ecopetrol. Entre tanto, dejó comprometido el proyecto con una firma norteamericana llamada CB&I que, de acuerdo con el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, tampoco tenía experiencia en la construcción de refinerías.

“La especialidad de Glencore son los minerales. No conozco los criterios que se tuvieron para adjudicar esas acciones. Mirando las cosas retrospectivamente, aunque la suiza ofreció más, el precio de las acciones no lo era todo. Había que mirar otros aspectos como la idoneidad. Hasta donde sé, CB&I no había construido en ninguna parte del mundo un proyecto de esta magnitud, entonces pudo haberle quedado grande”, señaló Acosta.

Lo que se suma a esa cadena de errores fue la modalidad en la que se acordaron los contratos con la norteamericana. Un acuerdo Engineering, Procurement and Construction (EPC) con costos reembolsables —en el que el contratista asume la responsabilidad del proyecto y los gastos del mismo para posteriormente remitirlos al contratante— resultó siendo la camisa de fuerza con la que quedó Ecopetrol.

Muestra de las posibles irregularidades en los recursos que solicitaba CB&I es que esta semana, cuando la Contraloría inició la auditoría especial en las instalaciones de Reficar, según Maya Villazón, esta empresa estaría extrayendo los discos duros de los computadores y, al parecer, eliminando datos claves alojados en algunos equipos.

Ni Acosta ni Hernán Martínez, ambos funcionarios que dirigieron las cartera de Minas en momentos distintos de Reficar, entiende por qué CB&I terminó en la modernización. Lo cierto, sin embargo, es que desde 2007, cuando firmó el primer contrato con la refinería (por US$80 millones) la cotización de su acción tuvo una valorización exponencial. “Durante 2007 la acción pasó de US$27,34 en diciembre de 2006 a US$60,44 en diciembre de 2007 y los dividendos aumentan de US$0,03 a US$0,04 por acción pagaderos trimestralmente”, reseñó la Contraloría.

Un año después, pese a haber firmado un contrato para la construcción de tanques de almacenamiento para unas plantas nucleares en EE. UU. por US$300 millones, los papeles se desplomaron hasta US$10,55. En 2009, cuando se firmó otro contrato con la Refinería por $1,4 billones junto a otras transacciones en Perú, la acción volvió a repuntar hasta US$20,22.

De ahí en adelante la compañía foránea tuvo un comportamiento accionario volátil, teniendo su pico máximo en US$83,14 en 2013 para volver a niveles de US$40,75 el año pasado. En los últimos días ha tenido un repunte (US$38,82 el viernes, tras un desplome hasta los US$32,96.

Las diferencias salariales entre los colaboradores norteamericanos de CB&I y los colombianos también generaron pérdidas. El director de la Unión Sindical Obrera (USO), Edwin Castaño, dijo que “los trabajadores se organizaron, se llevó a cabo un proceso de huelga porque no hubo final de negociación. Ese conflicto con la empresa le costó a Ecopetrol US$104 millones. La empresa responsable de los trabajadores era CB&I, pero terminó asumiéndola la empresa colombiana. Para nosotros Reficar, como filial, debe desaparecer”.

Para ponerlo en plata blanca, los contratos de CB&I y sus filiales cuestan casi lo mismo que pagó Brookfield por la participación del Estado en Isagén. En dólares, la firma norteamericana recibió $6,5 billones. Una cifra nada despreciable para que hoy, de acuerdo con la Contraloría, esté pensando en irse de Colombia sin dejar un solo dato para que la sociedad entienda por qué para alcanzar el objetivo de la soberanía energética se tuvo que pagar dos veces el valor inicial de la refinería de Cartagena.

La Contraloría “ha estimado que las mayores inversiones por cuenta del aumento en los costos del proyecto deben a: mayores cantidades (43%), extensión del cronograma (25%), incremento en precios (15%), menor productividad (13%) y otros (5%), situación que ha hecho que se incremente la inyección de recursos por parte del patrocinador Ecopetrol a todo costo y que Reficar incremente el apalancamiento financiero con terceros, es decir, aumento de la deuda”.

La esperanza después de este cuestionable proceso era, también, el aumento del PIB industrial, pero la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) tiene cálculos mucho más conservadores: “Pronosticar un crecimiento industrial del 7% por parte del gobierno es excesivamente optimista debido a que: i) ello supone que Reficar hubiera operado a plena capacidad en 2016 y ello solo ocurrirá en nueve meses del año, en el mejor de los casos; y ii) ello implicaría rebotes del +50% en el subsector de refinación desde niveles del -14% en 2014-201 5, lo cual es difícil de concebir”.

Mientras, el órgano de control y ahora la Fiscalía se dan a la tarea de establecer responsables sobre un hecho al que cada vez le salen más aristas, la plataforma industrial ya está refinando 90 mil barriles por día y, antes de que acabe febrero, iniciará con la producción de diésel de bajo azufre, un combustible que Ecopetrol denomina su producto estrella.

Source: www.elespectador.com


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