Después de una actuación especial en Bioenergy, la Contraloría General de la República concluyó que el proyecto no es rentable y además es “ineficiente e ineficaz”, debido a que no se llevó a cabo en el tiempo planeado inicialmente, se demoró más del doble de lo proyectado, y presentó sobrecostos de US$428 millones, ya que se habían destinado US$350 millones y la planta terminó costando US$778 millones.
Con estas y otras consideraciones, la entidad dirigida por Edgardo Maya encontró 10 hallazgos fiscales por $709.342 millones en la planta de etanol, propiedad de Ecopetrol. Además, se estableció un hallazgo con incidencia penal y otro de connotación disciplinaria.