Un juez penal del circuito ejerciendo como segunda instancia de garantías confirmó la medida de aseguramiento impuesta en primera instancia por un juez de control de garantías en contra del señor ex empleado de Ecopetrol, Rafael Castillo, Superintendente de Apiay, Meta, para la épocas de los hechos.

La medida de aseguramiento en su contra tiene que ver con un contrato celebrado entre Ecopetrol y Petro Tiger, durante su ejecución, el contratista por intermedio de uno de sus gerentes, Mauricio Vesga, pagó la suma de $850.000.000.oo como comisión ilegal, a Rafael Castillo, Superintendente de Apiay, para utilizar indebidamente sus influencias como superintendente de operaciones y beneficiar a la multinacional.

El propósito del pago fue evitar sanciones por las deficiencias en la ejecución del contrato que conllevaban a su terminación anticipada, además de lograr adiciones en cantidades de trabajo; los delitos imputados son cohecho propio, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito de particulares.

Según la investigación, directivos de Petro Tiger planearon y llevaron a cabo, todo un entramado criminal, mediante la comisión de un sinnúmero de conductas punibles, entre ellas el pago de comisiones ilegales y falsedades, entre otras, para favorecer sus intereses económicos en las distintas contrataciones que se tenían con Ecopetrol, siendo esta una de ellas

Los pagos, que ascendieron a más de $2.000.000.000.oo se hicieron, unas veces, a través de sus propios empleados, otras, utilizando empresas fachada y también, desde las propias cuentas bancarias de Petro Tiger.

Source: www.hsbnoticias.com

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