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Seis meses después de la caída del precio del petróleo a nivel internacional, se hacen más consistentes las consecuencias económicas para Colombia. Las empresas redujeron sus planes de inversión, las actividades de búsqueda del crudo— en las que se ocupan el 60% de los empleados de la industria— bajarán y los transportadores alegan afectaciones de hasta el 50% en sus finanzas. La informalidad (como mecánicos, restaurantes y prostitución) en los municipios productores no hacen parte de los planes para evitar una masacre laboral. Mientras tanto el Gobierno Nacional asegura que se defenderá la inversión social hecha con la renta petrolera y que se están buscando soluciones “creativas” para afrontar posibles despidos masivos.

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